EL PERMISO POR ESCRITO PARA LAS MANIFESTACIONES PACÍFICAS: LEY DEL MARCHÓDROMO.


Por  Natalia Paola Rodríguez Olmedo

*Docente universitaria, abogada integrante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).-

MT1

Es un gran bochorno leer siquiera la Ley del Marchódromo, nombre popular bajo el cual se conoce al presente cuerpo normativo, que tiene en su corto haber no pocos intentos de modificación . Contrariamente a toda teoría que se precie medianamente de constitucional, “moderna” y democrática, dicha ley se erige en un mamotreto cuya única finalidad pareciera ser la de cohibir las movilizaciones ciudadanas. Obviamente con este apurado comentario no hemos descubierto la pólvora.

Ha habido numerosos estudios de organizaciones no gubernamentales que han sacado a la luz esta misma y simple conclusión. En efecto, la ley Nº 1066 sancionada en el año 1997, “Que reglamenta el Art. 32 de la Constitución Nacional”, conlleva innúmeras contradicciones al espíritu del artículo constitucional cuya operatividad pretende explicitar. Y tratándose del sistema de rango constitucional estos no son meros detalles. No es una cuestión de menor atención ni un desliz azaroso el hecho de que la citada ley se haya urdido de la manera en que está sancionada.

Es que muchas conquistas, muchas luchas y tantas otras vidas ciudadanas ha cobrado a la humanidad la conciencia de la necesidad de aceptar la validez de la oposición pacífica y de la crítica bien dirigida hacia los actos de quienes detentan el poder público. Es decir, el salto cualitativo de la humanidad dado desde el oscurantismo hacia el concepto “moderno” de la transparencia de los actos del gobierno, lo ha constituido precisamente esa plasmación positiva del derecho de libertad de reunión y de manifestación; mediante el cual el ciudadano común pasa a tener un protagonismo palpable en los procesos que atañen a la vida pública. Ponemos entre comillas “moderno” porque consideramos que ese eje del constitucionalismo ya es algo heredado por un lapso que va más allá de las dos centurias y más –si tomamos un hito más que evidente, 1789- y que de alguna manera debería incluso someterse a una revisión “post”. Es decir, la “moderna” visión constitucional merece una avanzada hacia mejores horizontes de libertad; ante el drástico cambio del panorama humano por causa de novísimos problemas tanto o más acuciantes incluso que los ya superados (urgente y actual expoliación del planeta, hegemonías económicas lacerantes, formas recientes e impensadas de autoritarismos). Ya no estamos en la edad moderna; nuestra edad es la del postmodernismo, deberíamos avanzar y no retrotraernos en materia de libertades.

Por ello resulta sorprendente que, al momento del acto sancionatorio, en plena vigencia de un lustro de la nueva constitución, todavía encontremos entre los artículos de la ley Nº 1066 el propósito de controlarlo todo, hermanado con el despropósito de burocratizar aberrantemente un derecho fundamental; todo ello de abierta contramano al garantismo constitucional más basilar. Analicemos el Art.7º de la ley 1066: “Las reuniones o manifestaciones públicas requieren para su realización la previa comunicación a la Policía Nacional, en el Cuartel Central si se efectúan en Asunción, o en la dependencia que corresponda al lugar del interior del país donde se realice. La comunicación debe hacerse con una anticipación no menor de doce horas”. En la misma línea, los Arts. 8 y 9 reglamentan la comunicación previa a la Policía Nacional, exigiendo que esa comunicación se realice con los nombres y datos precisos de las personas convocantes, número de cédula, firmas, datos del horario y recorrido. No establece que tenga que ser por escrito, textualmente, pero implícitamente sí; debido a que exige la identificación y firma de los “responsables”. Además, dichos artículos establecen la posibilidad de que la autoridad policial rechace la comunicación, es decir, se oponga a la realización de la manifestación. ¿Para qué necesita la Policía Nacional ser comunicada? ¿No le bastará con cumplir in situ sus funciones de orden y seguridad? ¿Es necesario que la comunicación se realice por escrito? ¿Puede la Policía Nacional “rechazar” la comunicación de una manifestación? ¿Se puede oponer? ¿Si alguien se puede oponer a algo; no es ello la expresión de la atribución de ser quien otorga un permiso? ¿No tienen todas estas aristas legales el ropaje autoritario que interpone la necesidad de un permiso? Pues bien, en este punto cabe recordar el texto constitucional: “Art. 32. De la libertad de reunión y de manifestación: Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos”. ¿Cuál es la razón, entonces, de los Arts. 9 y 11, que sobre la base de la comunicación por escrito, se emboza la posibilidad de que la Policía Nacional se rehúse a la realización de dichos actos de libre expresión, disponiendo para los “responsables” ante una negativa policial diversos plazos y recursos administrativos o judiciales, para solicitar –otra vez por escrito- que se lleve a cabo la manifestación?

La única pretendida razón en el texto legal es la protección de derechos de terceros que hubieren solicitado con anticipación la realización de un acto público similar; pero esta lábil excusa simplemente se erige en ello: en una excusa burocrática que en realidad hace resaltar la finalidad de coartar la libre expresión, proponiendo un engorroso camino para actos que muchas veces son producto espontáneo de situaciones críticas para el cuerpo social, y que cuyo carácter de espontaneidad y de libre expresión ciudadana debería permanecer casi intacto; siendo suficiente para preservar el derecho de terceros en tal sentido la simple observancia del carácter pacífico de la expresión en sí. Es así que el texto constitucional dispone; en el segundo parágrafo del Art. 32: “La ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley (sic)”.

La preservación de los derechos a que se refiere es justamente esa; no se puede dañar ni material ni físicamente a otro, no se podrá poner en peligro la seguridad de la vida ni de la integridad física de nadie, la libre expresión deberá conservar su carácter de pacífica y nada más, reiteramos, sin necesidad de permiso alguno.

Consideramos importante visualizar bien lo que estamos diciendo. Resulta que la ley reglamentaria establece los horarios adecuados para el ejercicio de este derecho, y los lugares permitidos. No entraremos en estas consideraciones más exhaustivamente (horarios y lugares), las traemos a colación para tener en cuenta que su observancia estriba en la propia excepción que hace el texto constitucional: “La ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido…”. Es decir, el derecho fundamental de libertad de reunión y de manifestación no podrá ser denegado a nadie, ni discutido, ni puesto en duda ante todo como un derecho humano fundamental; bastando entonces una previsión de horarios y lugares adecuados si nos enmarcamos en nuestro sistema constitucional vigente. Pero si seguimos en la tesitura de la inconstitucional ley Nº 1066, tendremos que notificar a la Policía Nacional la realización de una manifestación mediante una nota por escrito, dentro de un plazo determinado, consignando al detalle los datos personales de los responsables con la obligación de insertar sus firmas; y aguardar la no negativa o la negativa que fuere para interponer los recursos administrativos o judiciales –otra vez por escrito- que cupieren. ¿Es esto pedir permiso o no? Es que en materia de tradición jurídica adolecemos, al parecer, de un ultraconservadurismo mediocrizante, que se solaza en hipertrofiar las cuestiones más elementales; cuando no conlleva lisa y llanamente la intención de amordazar; de reprimir lo que tanto esfuerzo ha costado a los procesos sociales anteriores a 1989.

Y tomo plena responsabilidad en este postulado: basta con mirar la cantidad de instituciones, disposiciones, cargos, departamentos y funciones superpuestos que están reglamentados hasta el hartazgo, terminando el ciudadano común con una sensación más de aburrimiento que de convencimiento, en el mejor de los casos, y en el peor –como en éste- en la abierta lesión de sus derechos constitucionales.

No entendemos la razón de tales argumentos, en cuanto que el palmario cumplimiento del orden público (horarios y lugares ya previstos en la ley, con carácter de generalidad) con la característica sustancial de la libre manifestación –que sea la de ser pacífica-; deben bastar para el aseguramiento de la convivencia armónica, concretando a cabalidad el precepto constitucional y desechando largos y engorrosos trechos entre declaraciones de derechos humanos y su ejercicio efectivo por la ciudadanía. Ni siquiera queremos pensar en la posibilidad; ni siquiera queremos que resuenen en nuestros oídos, aquellas infelices palabras de antaño: “No está prohibido el acto, la entrada nomás está prohibida”, tan características de la dictadura estronista. Hace falta que dejemos de transitar los senderos equivocados. Dejemos de sellar tantos papeles, con sus miles de copias, plazos y autorizaciones. Es momento de desechar los pesos lastres que nos impiden llegar a una verdadera justicia social. Los tiempos han cambiado.

¡La ciudadanía paraguaya está despierta!

 

 

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Una respuesta a EL PERMISO POR ESCRITO PARA LAS MANIFESTACIONES PACÍFICAS: LEY DEL MARCHÓDROMO.

  1. carlos dijo:

    EXCELENTE MATERIAL!!! ESTOY COMPLETAMENTE DE ACUERDO EN TODOS LOS PUNTOS!!! FELICITACIONES!!!

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